El Gobierno de España ultima estos días una reforma de las pensiones, algo a lo que se ha comprometido con la Comisión Europea. Esta reforma del sistema público de pensiones incluye, entre otros elementos, ligar la cuantía de la prestación al aumento de esperanza de vida de los jubilados, con la consiguiente reducción de la prestación a medida que aumente la expectativa vital de los próximos pensionistas. Así se desprende del proyecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha elaborado el Ejecutivo para su remisión a Bruselas antes del pasado 30 de abril, cuyo contenido de 211 páginas más anexos hizo público el Gobierno hace unas semanas.
La reforma más inmediata, pese a que tampoco está cerrada todavía, es que a partir del año próximo las pensiones se revalorizarán en función del IPC del año anterior. Con una posible posterior corrección a la baja en un cómputo a tres años vista, en el caso de que hubiera habido en ese tiempo ejercicios con una inflación negativa. Este pretende, a corto plazo, que los pensionistas «no pierdan poder adquisitivo», según este pasado lunes ante el Pacto de Toledo. Y el resto de los principales puntos planteados por Escrivá a Bruselas buscan apuntalar y contener los gastos asumidos por la Seguridad Social.
Estos ya los ha ido desgranando el ministro en los últimos meses, como los incentivos a la jubilación demorada (con cheques de hasta 12.000 euros por cada año de retiro pospuesto) o el aumento de las penalizaciones en las jubilaciones voluntarias anticipadas. También la nueva fórmula de cotización de los autónomos en función de sus ingresos, que pretende tener ya en marcha para inicios del 2022. O los incentivos para promover planes de empresa para complementar las pensiones.
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